Capítulo 13 Fort Lauderdale: Beneficios de declararse en bancarrota

La legislación de Estados Unidos, a través de su Código de Bancarrota, protege al ciudadano en caso de insolvencia para cumplir con las deudas contraídas: el Capítulo 13 Fort Lauderdale es uno de los principales recursos legales para que usted pueda acceder a una adecuada solución para sus problemas financieros.

Ante el difícil panorama de encontrarse abrumado por las deudas y en una situación financiera que le impide vislumbrar una salida, el amparo legal del Código de Bancarrota es una alternativa que puede significar la liquidación de su deuda, o un flexible y conveniente plan de amortización de la misma, según el caso. Esta última opción corresponde al Capítulo 13 Fort Lauderdale.

Su declaración de bancarrota por el Capítulo 13 Fort Lauderdale le permitirá, entre otros importantes beneficios, mantener sus propiedades -incluso aquellas no exentas- a partir de un plan de pago mensual durante un período de 3 a 5 años, por un monto que variará según el caso.

Además, el Capítulo 13 Fort Lauderdale le permite contar con los beneficios propios de la declaración de bancarrota: la suspensión automática de toda ejecución hipotecaria, embargos y afines; la protección a los codeudores y la imposibilidad por parte de los acreedores de continuar con cualquier tipo de acoso y reclamo, una vez realizada la declaración.

No obstante, para acceder a la declaración de bancarrota por el Capítulo 13 Fort Lauderdale usted deberá cumplir con determinados requisitos, entre los que se incluye una mínima solvencia para afrontar en tiempo y forma el plan de pagos. Esto dependerá de una evaluación de sus ingresos, los que deberán ser regulares: ya sea a través de un salario estable o una fuente de ingresos constante.

Por otra parte, es importante recordar que tanto la declaración de bancarrota por el Capítulo 7 o el Capítulo 13 Fort Lauderdale no lo exime (ni total ni parcialmente) de determinadas obligaciones o deudas puntuales. Por ejemplo, de aquellas a las que la ley atribuye un trato especial como pensiones alimenticias, préstamos por estudio y algunas deudas vinculadas a procesos de divorcio, entre otras.

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